La sentencia del caso Conga será un hito

Álvarez: se hará ponderación rigurosa en el caso Conga.

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Álvarez Miranda, señala que la sentencia sobre la validez de la Ordenanza Regional 036 de Cajamarca que impide actividades extractivas en cabeceras de cuenca, como es el proyecto Conga, será un hito histórico para los conflictos sociales venideros, en un país minero pero con gran población agrícola. El TC va a considerar el derecho al medio ambiente, al desarrollo y al agua y el principio del bien común y lo va a sopesar con la necesidad de generar más recursos para combatir la pobreza. 

Carlos Alonso Bedoya

Entrevista

-Una de las sentencias más importantes que dará el Tribunal Constitucional en este periodo será la declaratoria o no de la inconstitucionalidad de la Ordenanza Regional 036 de Cajamarca, la misma que impide la ejecución del proyecto minero Conga, ¿Cómo ve este caso?

-El tema de Conga nos lleva a solucionar un conflicto de intereses, porque si bien hay una necesidad de desarrollar al país, de obtener recursos para poder redistribuirlos y generar la derrota de la pobreza; hay también la necesidad de preservar el medio ambiente para garantizar la calidad de vida para las futuras generaciones, y al mismo tiempo de no desarticular el proceso de descentralización.

-Es un caso muy complejo y difícil…

-El Tribunal Constitucional ya está habituado a hacer un ejercicio de ponderación de intereses y ponderación de derechos, en el cual no predomina un derecho sobre otro, sino que, en el marco jurídico, se tiene que establecer la correlación entre derechos e intereses que están en juego en cada caso. Por eso Conga es un tema interesante, más allá de ser mediático, más allá de ser fundamental para el país, también es un ejercicio académico muy importante para los magistrados y los asesores del Tribunal que estamos dedicados a este estudio, pues representa una necesidad de ponderación de intereses y de derechos muy precisa. El Tribunal oportunamente dirá su verdad lo más cerca a una verdad jurídica.

-¿Y cuál es la relevancia para casos análogos?

-Queremos establecer un hito histórico para los conflictos sociales que han de producirse en el futuro, lo que es normal en un país minero pero con una gran población agrícola.

-¿Y qué derechos van a ponderar en el caso Conga?

-Esencialmente el derecho al medio ambiente, al desarrollo, el principio del bien común y el derecho al agua.

-¿60 días es tiempo suficiente para eso?

-Cuando uno señala un plazo en una materia compleja, el plazo es arbitrario. Vamos a tratar de apurarnos en este estudio, en la búsqueda de consenso entre los magistrados; pero al mismo tiempo, tampoco podemos salvar etapas y sacar una sentencia que no resuelva todos los aspectos del conflicto de intereses que están en juego.

-¿Han recibido algún tipo de presión política?

-Los magistrados del Tribunal estamos acostumbrados a resolver temas que tienen importancia mediática e importancia política. Afortunadamente, no hemos recibido ninguna presión directa y confiamos en que eso no suceda.

-Mientras no se declare la inconstitucionalidad o la validez de la Ordenanza 036, esa norma está vigente y por lo tanto el proyecto Conga no se puede iniciar, ¿es cierto eso?

-Prefiero evitar dar una respuesta al respecto, porque la sentencia también va a responder esa inquietud. Si es que son válidos los actos derivados de la ordenanza.

-Su gestión a la cabeza del Tribunal Constitucional tiene apenas cuatro meses, ¿cómo se está diferenciando de anteriores gestiones?

-En principio, tratando de que cada uno de los casos que tienen cierta complejidad puedan ser estudiados con toda transparencia, no solamente por los magistrados que firman, sino incluso trabajados de una manera teórica y concienzuda por el gabinete de asesores.

Hemos establecido un Comité Ejecutivo con participación de algunos asesores para que puedan establecer un trabajo eficaz de las sentencias más conflictivas y al mismo tiempo hemos conformado una Comisión de Alerta Jurisprudencial, que hace el último control de calidad antes de que las sentencias ya aprobadas se cuelguen en la página web.

-¿Esas medidas han generado incomodidad?

-La incomodidad se genera de distintas formas, especialmente por un aspecto formal, pero es importante que con mucha humildad nos reconozcamos como seres humanos pasibles de cometer errores. A partir de allí podemos trabajar para establecer controles sucesivos a fin de que las sentencias sean correctas en cuanto a la forma, el contenido y vayan de acuerdo a las líneas maestras de la jurisprudencia constitucional.

-¿Cuál es la finalidad de todo ello?

-Que las sentencias sean predecibles y estén bien fundamentadas.

-Cuando Ud. termine su periodo como presidente y eventualmente deje el Tribunal Constitucional, ¿cuál le gustaría que fuese su legado?

-Que el Tribunal Constitucional obtenga un mayor reconocimiento y prestigio en la sociedad peruana. Ese es para mí el principal objetivo. Para ello es que tenemos que trabajar los siete magistrados de una manera unida, junto a los asesores que conforman prácticamente el cuerpo jurídico permanente del Tribunal y que son la reserva intelectual de esta institución.

-Pero el problema es que en su periodo como presidente, seis de los siete magistrados, incluido usted, dejarán el Tribunal y hasta ahora no hay consenso a la vista en el Congreso para el reemplazo, ¿qué le diría a los congresistas?

-Somos respetuosos de la autonomía, y no podemos hacer ninguna recomendación al Congreso que ya la tiene difícil en lograr los consensos adecuados para la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y los miembros del Directorio del Banco Central de Reserva. Me abstengo de hacer cualquier recomendación porque es un terreno, al igual que el nuestro, sumamente complicado. La Ley Orgánica nos obliga a quedarnos y seguir desarrollando nuestra labor en tanto no seamos llamados a reemplazo.

-¿No sería mejor que no los elija el Congreso porque eso lo vuelve muy político?

-Al leer la Constitución y al interpretarla, nosotros no solamente hacemos uso de principios jurídicos, sino también recogemos una construcción política que cada uno de los jueces constitucionales tiene en sí mismo. La Constitución es un instrumento político y jurídico al mismo tiempo, por tanto su interpretación no puede estar desvinculada a las grandes corrientes de opinión que existen en la sociedad y que están reflejadas en el Congreso.

El pueblo otorga el poder político al Congreso, y a través de éste nosotros recibimos indirectamente esa soberanía para poder leer la Constitución y resolver cada uno de los casos interpretando y actualizando la Constitución.

La elección de los magistrados del Tribunal Constitucional no es un tema técnico jurídico para elegir a siete doctos. Tampoco es un tema político que se trate de que los grupos parlamentarios tengan a sus representantes directos en el Tribunal. Es precisamente algo intermedio. Se necesitan profesores de derecho con conocimiento constitucional, con experiencia en el derecho y con sólidos valores que puedan, a través de sus propios talantes ideológicos, articular respuestas a cada uno de los casos a favor de la sociedad. 

PAÑOS FRÍOS A POLÉMICA

San Martín, un juez honesto

-Pasando a otro tema, el presidente de la Corte Suprema, César San Martín, ha calificado duramente sus opiniones respecto de la corrupción en el Poder Judicial, que incluso aludieron a la cantidad de jueces presos por corruptos. San Martín ha dicho que un mozalbete, refiriéndose a usted, no les va a enseñar lo que es honradez y decoro. Luego de ello, ¿se reafirma en su crítica?

-Considero que mis declaraciones se han interpretado de manera incorrecta, pues se referían a la administración de justicia en general. Y en eso, por supuesto, incluíamos no solo a la institución que preside César San Martín, sino también al Tribunal Constitucional.

En realidad, era un ejercicio de teorización en el cual señalábamos que la sociedad en su conjunto ha perdido la capacidad de marginar y segregar a aquellas personas que manifiestamente actúan de manera incorrecta e indigna.

-¿A qué apuntaba su crítica?

-Precisamente, a que el Estado otorgue a los jueces y a toda persona en general con capacidad de decisión, la dignidad y preeminencia que el cargo amerita, con la finalidad de que personas en cargos sujetos a tentaciones o presiones, siempre prefieran mantener su prestigio, su honor y el sostén para su familia. Además, a que deben crearse instrumentos para forzar a los funcionarios públicos con gran capacidad de decisión política o jurisdiccional, a no poder apropiarse de dinero ajeno.

-¿Cómo cuales?

-Levantamiento del secreto bancario, investigación permanente e incluso actos proactivos para ver qué personajes pueden caer en la tentación de la corrupción. Creo que estas preocupaciones son compartidas también por el presidente del Poder Judicial, porque mis declaraciones no apuntaban a ninguna crítica a una institución específica, sino a tratar de aportar a un Estado mejor, que esté al servicio del pueblo, que al final de cuentas, es el depositario de nuestro esfuerzo.

-Pero vaya que don César San Martín tuvo una frase dura con Ud.…

-No me parece dura la expresión de César San Martín. Yo lo aprecio mucho, al igual que la mayoría de los peruanos, porque es un juez honesto y está esforzándose para prestigiar su institución, así como nosotros también estamos trabajando para prestigiar al Tribunal Constitucional.

-¿De qué manera?

-Elevando la moral de los propios asesores jurisdiccionales; tratando de mejorar la propia imagen externa del Tribunal Constitucional, y al mismo tiempo elevando el manejo de mucha calidad de las sentencias que han de salir estos meses para resolver conflictos sociales o conflictos de intereses sumamente delicados.